El empresario y médico Fernando Saavedra vuelve a estar en el centro de la polémica por presuntas maniobras para concentrar cápitas destinadas a clínicas del interior provincial, en complicidad con Sergio López Alcobendas, actual funcionario del PAMI y ex subordinado de Saavedra. Ahora, las miradas también apuntan a una posible avanzada sobre el Instituto Provincial de Salud (IPS).
El sector de la medicina, considerado uno de los negocios más rentables a nivel mundial, encuentra en la desesperación de los pacientes y sus familias una oportunidad para la acumulación de recursos. En este contexto, actores privados poderosos buscan reducir costos en tratamientos mientras fortalecen sus vínculos políticos para captar fondos estatales.
El Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), presidido por Saavedra, ya ha estado envuelto en controversias. En 2020, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el IMAC anunció que priorizaría la atención a sus socios, restringiendo el acceso a pacientes con síntomas respiratorios agudos, una decisión ampliamente criticada en su momento.
Actualmente, se señala a Saavedra por recibir más cápitas de las que le corresponderían, un sistema por el cual el PAMI asigna recursos a prestadores de salud para la atención de sus afiliados. Según denuncias anónimas, este esquema se concretaría con la colaboración de López Alcobendas, Director Ejecutivo de la Unidad de Gestión Local XII del PAMI Salta.
Informes indican que el PAMI dio de baja más de 26 mil cápitas asignadas a clínicas del interior, redirigiéndolas al IMAC, lo que pone en riesgo la continuidad de esas instituciones y facilitaría su compra para consolidar un monopolio en el sector de salud provincial.
Documentación presentada por los denunciantes refuerza estas acusaciones. Una carta documento firmada por López Alcobendas y fechada el 29 de enero de 2025 notifica la reducción de más de 31 mil cápitas, aunque expertos advierten que tales decisiones requieren autorización del nivel central, lo que pone en duda la validez de la medida.
La situación ya habría llamado la atención del gobierno nacional, que evalúa posibles cambios ante la gravedad de las acusaciones.
No es la primera vez que este tipo de prácticas salen a la luz. En octubre de 2024, el senador Héctor D’Auria denunció una redistribución irregular de cápitas en Metán, donde la mayor parte fue concentrada en la Clínica 9 de Julio, parte de la red IMAC, en detrimento de la Clínica San José de Metán.
Detrás de esta estrategia, algunos ven una posible proyección política de Saavedra, quien podría estar acumulando recursos con miras a una candidatura para la gobernación en 2027. A pesar de las dudas sobre la veracidad de estas aspiraciones, el círculo cercano del empresario sostiene que su ambición política es real y que ya habría intentado, sin éxito, formar alianzas en el pasado.
En medio de estas acusaciones, el futuro del sistema de salud provincial permanece incierto, con clínicas en riesgo y pacientes potencialmente afectados por decisiones motivadas más por intereses económicos y políticos que por el bienestar de la comunidad.
Fuente: Cuarto
