Un efectivo policial de 45 años fue imputado por el delito de defraudación al Estado, tras comprobarse que solicitaba licencias médicas con goce de sueldo mientras realizaba viajes particulares remunerados. El acusado no irá a prisión, pero deberá cumplir con normas de conducta y tareas comunitarias.
El caso fue resuelto por el juez Eduardo Raúl Sángari, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio, quien otorgó al imputado el beneficio de la suspensión de juicio a prueba (probation). Como parte de la resolución, el acusado deberá fijar domicilio, informar cualquier cambio al tribunal, abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de alcohol, y no cometer nuevos delitos durante el plazo de un año.
El efectivo había justificado sus ausencias laborales argumentando problemas traumatológicos y psiquiátricos. Sin embargo, se verificó que durante ese período prestaba servicios de transporte de pasajeros en un vehículo particular tipo furgón, actividad que promocionaba a través de redes sociales.
Además de las condiciones de la probation, el acusado ofreció como reparación del daño el pago de 100 mil pesos al comedor comunitario «Nuevo Sol de la Tercera Edad», ubicado en barrio Solidaridad. También deberá realizar tareas comunitarias en ese lugar durante cuatro meses, con una carga de diez horas semanales.
El hecho generó repercusiones en el ámbito policial y judicial, ya que el acusado continuaba percibiendo sus haberes mientras prestaba servicios privados, en una maniobra que fue calificada como defraudación al Estado. Con esta resolución, se buscó que el acusado repare el perjuicio causado sin la necesidad de cumplir una pena de prisión efectiva.
