El presidente Javier Milei anunció una modificación significativa en la normativa sobre la posesión de armas en Argentina, permitiendo que jóvenes de 18 años puedan ser reconocidos como legítimos usuarios de armas de fuego. La medida, establecida en el Decreto 1081/2024, fue publicada en el Boletín Oficial este martes y actualiza la reglamentación de la Ley 20.429, sancionada en 1975.
Justificación del Cambio
La principal razón expuesta para esta decisión es la armonización de la normativa con el Código Civil y Comercial de la Nación, que fija la mayoría de edad a los 18 años. En el momento en que se promulgó la ley original, la mayoría de edad era de 21 años.
El decreto destaca la necesidad de “reconocer la capacidad de los ciudadanos adultos” y actualizar las leyes conforme a los cambios en la normativa general del país.
Requisitos para Ser Usuario Legítimo
Aunque se redujo la edad mínima, los requisitos fundamentales para la posesión de armas de fuego permanecen sin cambios significativos:
- Edad mínima: Ahora fijada en 18 años.
- Condiciones de salud: No deben presentar anormalidades físicas o psíquicas que limiten la posesión del arma (puede requerirse un certificado médico en casos específicos).
- Identidad y antecedentes: Los interesados deben presentar documentación que acredite identidad, domicilio real y medios de vida lícitos, además de una certificación de antecedentes y fichas dactiloscópicas emitidas por la policía correspondiente.
El decreto también incorpora modificaciones relacionadas con la renovación de credenciales. Por ejemplo, los usuarios no tendrán que presentar un nuevo certificado de idoneidad en el manejo de armas si la renovación se realiza dentro de los 90 días previos a la expiración de la credencial.
El Gobierno argumenta que estas medidas buscan ampliar los derechos y capacidades de los ciudadanos adultos, ajustando las leyes a los estándares actuales. Sin embargo, el impacto de esta decisión, especialmente en términos de seguridad pública y aceptación social, genera debate.
Esta reforma podría marcar un cambio significativo en la percepción y regulación del uso de armas en el país, alineándose con las políticas propuestas por la actual administración, pero también plantea interrogantes sobre las implicaciones en la seguridad ciudadana.
