
El Colegio de Médicos de Salta emitió un pronunciamiento público en el que manifestó su preocupación por la situación asistencial de los afiliados al PAMI en la provincia. La entidad denunció desorganización, falta de control estatal y una reasignación de pacientes basada en intereses económicos, lo que ya está generando sobrecarga en los hospitales públicos.
Según alertaron, los recientes cambios en la asignación de prestadores generan una atención deficiente y desordenada, donde criterios comerciales prevalecen sobre los sanitarios. Esta situación, remarcaron, impacta negativamente en la calidad del servicio y en la capacidad de respuesta del sistema público de salud.
Uno de los cambios más significativos fue la reasignación de numerosos afiliados desde el Hospital Militar a nuevas redes de prestadores, sin una evaluación previa sobre la calidad de atención ni resultados en indicadores sanitarios.
Desde el Colegio indicaron que esta modificación responde a “intereses económicos de entidades proveedoras” que compiten por captar a una población vulnerable, y advirtieron que se está vulnerando el derecho de los pacientes a elegir libremente a sus profesionales de confianza.
Sobrecarga del sistema público y reclamo al Estado
La falta de información clara sobre los nuevos centros de derivación y la confusión generalizada entre los beneficiarios generaron una sobrecarga en hospitales públicos, que ahora deben absorber la demanda sin planificación previa.
Frente a este escenario, la entidad médica exigió al Gobierno provincial que asuma sus funciones de planificación, supervisión y control, y pidió que se implementen mecanismos que fomenten una competencia transparente, basada en la calidad y la ética profesional, y no en la mera captación de afiliados.
El Colegio también manifestó su preocupación por una posible extensión de este modelo a otros sectores, como los beneficiarios del Instituto Provincial de Salud (IPS) o las personas sin cobertura médica.
Finalmente, la entidad puso a disposición su experiencia institucional para colaborar en el diseño de políticas públicas que garanticen el acceso a una atención médica ética, profesional y de calidad para toda la población.
