La reciente decisión del Gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, de incorporar términos obsoletos y ofensivos para clasificar a personas con discapacidad intelectual ha generado una fuerte polémica en el país. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) publicó un decreto en el Boletín Oficial que desempolva denominaciones como “idiota”, “imbécil” y “débil mental” para la evaluación de quienes podrían ser beneficiarios de una pensión por invalidez laboral.
Este cambio fue recibido con indignación por parte de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, que lo calificaron como arcaico, discriminatorio y contrario a las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a las que Argentina adhiere.
“Es una barbaridad. Esto es de principios del siglo pasado. Esa terminología se utilizaba en los inicios de la psiquiatría, antes de que existiera la medición del coeficiente intelectual (CI). Pero esto no es más que parte del atropello que vienen sufriendo las personas con discapacidad por parte de este Gobierno. Es una forma peyorativa y estigmatizante de referirse a una persona con discapacidad. Es indignante”, expresó Eduardo Maidana, miembro del Foro Permanente de Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La medida ha encendido el repudio tanto de familias como de instituciones que trabajan con personas con discapacidad, que exigen una inmediata revisión de esta resolución y el respeto por un lenguaje inclusivo y actualizado en el marco de los derechos humanos.
