El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se refirió al complejo escenario social que atraviesa la frontera norte tras el reciente operativo de Gendarmería en la Finca Carina, en el departamento Orán. En declaraciones a FM Aries, el funcionario destacó que la actividad comercial informal en la zona representa el sustento económico de más de 30 mil personas.
“Yo no lo festejo”, afirmó Zigarán sobre el procedimiento realizado por fuerzas federales, y advirtió que si bien se trata de una actividad ilegal, la misma “sostiene a miles de familias entre Aguas Blancas y el norte de Orán”. En ese sentido, pidió abordar la situación con sensibilidad social y prudencia: “El contrabando debe ser combatido, pero también comprendido en su contexto”.
El interventor remarcó que un corte abrupto del comercio informal puede provocar una grave crisis social. “El movimiento económico de un solo día ‘muerto’ puede significar hasta 140 millones de pesos. Esto muestra la magnitud de la actividad y la dependencia que genera en la población”, explicó.
Asimismo, Zigarán alertó sobre las consecuencias de una política de control que no contemple alternativas: “El plan de Gendarmería debería ser controlar para ordenar, pero no para ahorcar. Hay que evitar una explosión social”.
Finalmente, contrastó los ingresos que se generan en la economía formal con los del contrabando. “La diferencia entre ganar 15 mil pesos por día en una finca y 150 mil en el contrabando es muy grande. Eso genera una presión social enorme, y hay que ofrecer una salida a esa olla de presión”, concluyó.
