Un grupo de enfermeros y profesionales de la salud del Hospital Público Materno Infantil realizó una denuncia pública por lo que consideran “prácticas arbitrarias e ilegales” en sus condiciones de contratación.
Según informaron, se desempeñan como trabajadores esenciales bajo la figura de monotributistas y, al renovar sus contratos, se les aplicó un descuento de entre $80.000 y $100.000 en concepto de “sellado y firma”. La retención, explicaron, fue ejecutada sin previo aviso ni desglose detallado.
Al reclamar ante el Departamento de Tesorería y Finanzas, les informaron que el costo se dividía entre el hospital y los propios trabajadores. Lo que agrava la situación, señalaron, es que la firma de los contratos está a cargo de una abogada que integra la planta permanente del hospital, por lo que cuestionan por qué deben pagar una suma elevada por la intervención de una profesional ya remunerada por la institución.
“Prestamos un servicio público vital, pero nuestras condiciones de contratación nos dejan en una situación de indefensión y vulnerabilidad”, advirtieron en un comunicado, y exigieron respuestas claras al hospital y al Ministerio de Salud sobre el origen y la legalidad del descuento.
Los trabajadores pidieron que se respete su labor y su dignidad, y solicitaron medidas para corregir la situación y evitar que se repita. También agradecieron el apoyo de los medios de comunicación para visibilizar el reclamo.
