
Bernardo Biella y Gabriela Flores presentaron la iniciativa en la Cámara de Diputados. El proyecto contempla una moratoria, recupero del IVA y el tratamiento de la deuda del PAMI. Uno de sus impulsores, Biella, es médico y propietario de una clínica privada, un dato que abre interrogantes sobre los posibles beneficiarios de la propuesta.
Un proyecto de ley denominado Ley de Sostenibilidad Sanitaria, que propone medidas de asistencia estatal para el sector privado de la salud, llegó a la Cámara de Diputados de la Nación con las firmas de dos legisladores salteños: Bernardo Biella y Gabriela Flores.
La iniciativa fue presentada este martes en comisión y busca atender la situación económica que atraviesan las empresas privadas de salud, a través de herramientas como una moratoria, el recupero del IVA y mecanismos para abordar la deuda del PAMI.
Sin embargo, uno de los aspectos que generó cuestionamientos es que Bernardo Biella, uno de los autores del proyecto, además de ser diputado y médico, es propietario de una clínica privada. Esta situación plantea interrogantes sobre un eventual beneficio directo o indirecto que podría alcanzar a su propia actividad empresarial si la propuesta se convierte en ley.
Qué plantearon los legisladores
Durante la presentación, Biella sostuvo que el sector privado necesita previsibilidad y afirmó que atraviesa una situación de emergencia desde hace aproximadamente 25 años, con un agravamiento de los costos a partir de la pandemia.
Por su parte, Gabriela Flores, legisladora de La Libertad Avanza, describió un escenario complejo para las empresas privadas de salud y consideró necesaria la intervención del Estado para evitar que las dificultades del sector repercutan sobre los hospitales públicos.
«Tenemos que colaborar en sanear esta emergencia. El sector privado es indispensable para la salud», expresó la diputada.
El debate sobre el alcance de la asistencia estatal
La propuesta abre una discusión sobre el papel del Estado en el sostenimiento de las clínicas y prestadores privados, los criterios para acceder a los beneficios y el impacto que esas medidas podrían tener sobre el sistema sanitario en su conjunto.
También deja planteado un interrogante sobre la participación de legisladores que mantienen vínculos económicos con actividades alcanzadas por las normas que promueven. En el caso de Biella, su condición de propietario de una clínica constituye un dato relevante para analizar posibles intereses particulares y los mecanismos de transparencia que correspondan.
El proyecto deberá continuar su tratamiento legislativo. Su presentación no implica que las medidas propuestas estén aprobadas ni que los beneficios contemplados ya se encuentren vigentes.
El Monterizo
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