El fiscal penal Daniel Alejandro Escalante solicitó la reapertura de la investigación sobre la actuación administrativa provincial en torno a la concesión de 230 mil hectáreas de Salta Forestal a la empresa Eco Desarrollo Salta S.A. Este pedido se basa en nuevos elementos que sugieren posibles irregularidades en el proceso de concesión, la legalidad de los acuerdos y el cumplimiento de las condiciones contractuales.
La causa, que había sido archivada en 2019 y ratificada en 2020, se relaciona con decisiones administrativas tomadas en la década de 1990, durante el proceso de privatización de Salta Forestal. En aquel momento, se estableció un acuerdo transaccional entre la Fiscalía de Estado y la empresa, lo que había sido considerado suficiente para cerrar el caso.
Sin embargo, Escalante argumenta que recientes informaciones difundidas por medios de comunicación aportan datos que justifican una revisión más exhaustiva. Según el fiscal, el análisis original fue «parcial y limitado a un período específico», sin profundizar en aspectos cruciales como el origen de la concesión y sus consecuencias a largo plazo.
Cuestionamientos y Objetivos de la Investigación
Entre los puntos clave a investigar se encuentran:
- El cumplimiento de las condiciones contractuales establecidas en la concesión.
- La posible existencia de beneficios indebidos, como el diferimiento del pago de impuestos.
- El rol de los titulares de Eco Desarrollo Salta S.A. y la eventual implicación de nuevos actores.
Escalante destacó que la reapertura busca garantizar justicia y transparencia, revisando tanto la legalidad de los acuerdos como el impacto de estas decisiones en el patrimonio estatal.
Implicancias para Salta
El caso podría tener repercusiones significativas para la provincia, tanto en términos legales como en la gestión de recursos públicos. «La decisión de reabrir no es caprichosa, sino una respuesta a nuevos elementos que apuntan a una posible afectación del patrimonio estatal», expresó el fiscal.
La investigación pretende esclarecer los hechos con un enfoque exhaustivo que permita determinar responsabilidades y garantizar la transparencia en el manejo de recursos provinciales.
