El proyecto ingresó a la Legislatura provincial y plantea un nuevo esquema de sanciones según el nivel de alcohol en sangre. La iniciativa reavivó el debate entre sectores productivos y autoridades de Tránsito.
Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Salta propone modificar la Ley Provincial N° 7.846 con el objetivo de adecuar el límite legal de alcoholemia permitido para la conducción vehicular, estableciéndolo en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. La iniciativa también introduce una actualización en el régimen de sanciones para quienes incumplan la normativa.
Según el texto del proyecto, quedará prohibido conducir con niveles superiores a 0,5 g/l de alcohol en sangre. La modificación no elimina sanciones vigentes, sino que redefine los parámetros a partir de los cuales una conducta es considerada infracción, estableciendo un esquema diferenciado de penalidades de acuerdo con la graduación alcohólica detectada.
Para los conductores que registren valores iguales o superiores a 0,5 g/l y menores a 1 g/l, se prevén multas de entre 300 y 800 Unidades Fijas, retención de la licencia de conducir, descuento de diez puntos, inhabilitación para conducir por un período de seis meses a un año y la remoción del vehículo. En estos casos, no se contempla el beneficio del pago voluntario.
En tanto, cuando la alcoholemia sea igual o superior a 1 g/l, las sanciones se agravan: multas de entre 800 y 1.000 Unidades Fijas, retención de la licencia con descuento de quince puntos, inhabilitación para conducir de uno a dos años y retención del vehículo.
El proyecto también contempla penalidades agravadas para quienes conduzcan vehículos destinados al transporte de pasajeros o de carga, o lo hagan con menores de edad, personas incapaces o que no puedan valerse por sí mismas. En estos casos, se duplican tanto los montos de las multas como los plazos de inhabilitación.
En los fundamentos, los autores de la iniciativa aclararon que la propuesta no implica una flexibilización de los controles, sino una revisión del marco normativo vigente a partir de la experiencia acumulada. Argumentaron que el límite de 0,5 g/l es un estándar aplicado en distintas jurisdicciones del país y permite mantener un enfoque técnico en materia de seguridad vial.
Asimismo, destacaron las particularidades sociales, culturales y productivas de la provincia, especialmente el desarrollo turístico, gastronómico y vitivinícola, con fuerte presencia en los Valles Calchaquíes. Según se expone en el proyecto, la prohibición absoluta vigente habría generado impactos negativos en estos sectores sin una correlación directa con una mejora sustancial en los indicadores de seguridad vial.
Desde esta perspectiva, la iniciativa sostiene que adecuar el límite legal permitiría compatibilizar la promoción del turismo y la producción regional con una política de tránsito responsable, manteniendo sanciones severas para las conductas consideradas de mayor riesgo. El proyecto fue girado a comisiones y deberá ser analizado antes de su eventual tratamiento en el recinto.
El planteo de los bodegueros
Días atrás, el presidente de la Cámara de Bodegas de Salta, Alejandro Martorell, pidió revisar la ley provincial de tolerancia cero y reclamó que el debate se base en datos científicos y estadísticas oficiales, tras más de una década de vigencia de la norma.
Martorell aclaró que el sector vitivinícola no avala la conducción en estado de ebriedad, pero consideró injusto equiparar a un conductor alcoholizado con quien consumió una copa de vino y registra niveles bajos de alcoholemia. En ese sentido, sostuvo que es necesario analizar cuántos siniestros viales se producen con menos de 0,5 gramos de alcohol en sangre.
En declaraciones radiales, remarcó que esas estadísticas están en poder del Estado provincial y subrayó que las decisiones en materia de seguridad vial deben sustentarse en evidencia y no en percepciones.
La postura oficial: defensa del Alcohol Cero
En contraposición, el secretario de Tránsito municipal, Matías Assennato, defendió la Ley de Tolerancia Cero al alcohol al volante y rechazó las críticas sobre su impacto en el turismo o en los sectores productivos.
El funcionario aseguró que la norma no busca perseguir el consumo responsable, sino impedir que cualquier persona que haya ingerido alcohol conduzca, sin importar la graduación, con el objetivo central de prevenir siniestros viales.
Assennato sostuvo que la ley tiene como único fin salvar vidas y respaldó su postura con estudios de la Organización Mundial de la Salud y estadísticas locales que muestran una reducción de víctimas fatales y heridos tras su implementación. Además, aclaró que la normativa no prohíbe el consumo de alcohol ni las actividades turísticas, sino únicamente conducir luego de beber.
