La Unidad de Delitos Económicos Complejos solicitó la elevación a juicio de dos profesionales por el presunto delito de peculado. La investigación sostiene que equipos del Hospital Público Materno Infantil fueron utilizados en un servicio privado de neonatología.
La Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) presentó la acusación formal y solicitó la elevación a juicio de dos profesionales médicos, acusados de haber sustraído equipamiento del Hospital Público Materno Infantil para incorporarlo al funcionamiento de un servicio privado de neonatología.
La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió que Livio Jesús Ubal y Noemí Verónica Murúa sean juzgados como presuntos coautores del delito de peculado, previsto en el artículo 261 del Código Penal.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, ambos médicos, aprovechando su función en el servicio de Neonatología del Hospital Público Materno Infantil y el acceso al equipamiento estatal, habrían retirado bienes pertenecientes al nosocomio para utilizarlos en una empresa privada de neonatología de la que eran socios, obteniendo un presunto beneficio económico.
La causa se inició tras una denuncia presentada por la Dirección General del Hospital Público Materno Infantil, luego de que una inspección del Ministerio de Salud Pública detectara indicios de que equipamiento del hospital estaba siendo utilizado en un establecimiento sanitario privado.
Durante la investigación se realizaron diversas medidas probatorias, entre ellas análisis de documentación patrimonial y administrativa, toma de declaraciones testimoniales, inspecciones, allanamientos, informes técnicos y periciales, además del secuestro del equipamiento, que posteriormente fue restituido por orden judicial al hospital.
En ese marco, personal de la Unidad de Investigación UDEC-CIF inspeccionó el servicio de terapia neonatal Neofénix, ubicado en el segundo piso de una clínica privada de calle Alvarado 858, donde constató la presencia de seis equipos médicos cuyos números de serie coincidían con los registros patrimoniales del Hospital Público Materno Infantil.
Según la acusación fiscal, la maniobra investigada no solo habría ocasionado un perjuicio económico al Estado, sino que también afectó el normal funcionamiento del sistema público de salud al comprometer equipamiento destinado a la atención de pacientes del hospital. La fiscal además sostuvo que la conducta atribuida vulneró los principios de fidelidad, probidad y transparencia exigidos a los funcionarios públicos.
En la misma presentación, la UDEC solicitó el sobreseimiento de otras dos personas que habían sido imputadas en la causa, al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para acreditar su participación en los hechos investigados.
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