El PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), bajo la dirección de Esteban Leguízamo, implementó cambios significativos en las condiciones para acceder a la cobertura gratuita del 100% de medicamentos, lo que generó un fuerte debate político y social.
Nuevas Condiciones para el Beneficio
Los requisitos para acceder al beneficio ahora incluyen:
- Ingresos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos ($388.500), con una excepción de hasta 3 haberes si conviven con una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD).
- No estar afiliado a una prepaga.
- No poseer más de un inmueble, un vehículo de menos de 10 años o bienes de lujo.
- No ser titular de activos societarios que indiquen capacidad económica plena.
En casos excepcionales, si el costo de los medicamentos representa el 15% o más de los ingresos del afiliado, se podrá solicitar la cobertura completa a través de una vía específica.
Postura de Julio Moreno Ovalle
El diputado nacional por La Libertad Avanza y economista, Julio Moreno Ovalle, generó controversia al minimizar las consecuencias del recorte. Entre sus declaraciones más polémicas, afirmó:
“No creo que los jubilados se mueran si no toman los medicamentos. Lo que se quiere impedir es la lucha contra el déficit fiscal que lleva adelante el Gobierno”.
También señaló que los familiares de los jubilados podrían colaborar en la compra de medicamentos y acusó a la oposición de victimizar a este sector:
“No es tan grave que no puedan acceder de forma gratuita a los medicamentos”.
Críticas y Reacciones
Las medidas y las declaraciones de Moreno Ovello han sido duramente criticadas.
- Partidos de oposición, como la UCR, emitieron comunicados cuestionando el ajuste, calificándolo como un golpe directo a los sectores más vulnerables.
- La diputada provincial Laura Cartuccia lo consideró una muestra de insensibilidad y afirmó que esta decisión afecta gravemente la calidad de vida de los jubilados.
Contexto del Ajuste
El recorte busca reducir el déficit fiscal, una meta central del gobierno de Javier Milei. Sin embargo, las críticas se centran en el impacto desproporcionado sobre los jubilados y pensionados, quienes dependen de estas coberturas para el acceso a tratamientos esenciales.
Mientras el gobierno defiende la medida como necesaria para la sostenibilidad fiscal, las declaraciones de algunos funcionarios han avivado el debate sobre la sensibilidad en la implementación de políticas de ajuste.
