La Fiscalía formalizó la acusación contra el ex titular del organismo y dos familiares por sobreprecios, contrataciones irregulares y faltantes de mercadería durante 2023.
La fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, presentó ante la Oficina Judicial la acusación formal contra Luis Emilio Fayón Medina, su esposa Roxana González Domínguez y su cuñada Josefina González Domínguez, en una causa por presunto fraude a la administración pública.
Fayón Medina se desempeñó como presidente de la Sociedad del Estado “Pan Solidario” (Panadería Social) entre abril de 2021 y enero de 2024, período en el que, según la investigación, se habrían registrado maniobras de contratación irregular con proveedoras vinculadas a su entorno familiar.
De acuerdo con la acusación, las dos mujeres fueron incorporadas como proveedoras del organismo poco antes de concretarse las operaciones cuestionadas, sin antecedentes comerciales ni experiencia previa en el rubro. Las contrataciones bajo análisis alcanzan montos de $48.833.755,34 en un caso y $7.739.180 en el otro.
La investigación sostiene además que parte de los insumos facturados no habrían sido efectivamente ingresados ni registrados en stock, lo que habría generado un importante perjuicio económico. Un informe contable del Gabinete de Delitos Económicos del CIF detectó faltantes de mercadería y un daño estimado que, actualizado, superaría los $150 millones.
Entre las irregularidades también se mencionan diferencias significativas entre los precios abonados y los valores de mercado, incluyendo la compra de insumos como margarina premium a valores considerados excesivos, con un perjuicio puntual superior a los 3,3 millones de pesos. Asimismo, se habrían detectado adquisiciones de materias primas en cantidades superiores a las necesarias para la producción, sin el correspondiente registro de stock.
Según la hipótesis fiscal, el ex funcionario habría autorizado las contrataciones y pagos cuestionados, mientras que las proveedoras habrían intervenido en el circuito de facturación, configurando un esquema de presunto desvío de fondos públicos mediante sobreprecios y operaciones incompatibles con la función pública.
Tras la presentación, la Oficina Judicial deberá sortear al juez que intervendrá en el control de la acusación, dar intervención a las partes y fijar la audiencia en la que se definirá si la causa avanza a juicio.
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