Un informe del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura confirmó que el incendio ocurrido el 26 de octubre en la Alcaidía General N° 1 de Salta podría haberse evitado con medidas de seguridad básicas. El pabellón afectado alojaba 110 internos en instalaciones diseñadas para apenas 32 personas y carecía de equipamiento elemental de prevención.
Según explicó Andrés Giordamachi, comisionado del organismo, en una entrevista radial, el sector siniestrado funcionaba con un nivel de sobrepoblación «crítico» y sin condiciones mínimas de habitabilidad. “Las celdas no contaban con baños, no había matafuegos cercanos, los colchones no eran ignífugos y el pabellón tampoco tenía cámaras de vigilancia”, detalló. El informe señala además que celdas diseñadas para ocho personas, según la cantidad de cuchetas, alojaban hasta 25 internos, incumpliendo de manera flagrante los estándares internacionales de Derechos Humanos, que recomiendan un máximo de cuatro personas por celda.
La situación no es aislada. El sistema carcelario provincial registra una sobrepoblación del 45%, de acuerdo con las estimaciones del Comité. Un ejemplo reciente es la Comisaría Primera de Metán, donde el 25 de noviembre se contabilizaron 32 detenidos en tres celdas con capacidad total para 11 personas, lo que derivó en peleas y la intervención de fuerzas de seguridad.
Según publicó El Tribuno, tres detenidos permanecen internados como consecuencia del incendio y requieren curaciones constantes además de acompañamiento psicológico. Giordamachi confirmó también que la persona fallecida, identificada como Vendaño, había recuperado su libertad un día antes del siniestro, aunque no llegó a ser notificado.
El comisionado advirtió que la construcción de nuevas unidades penitenciarias solo representará una solución parcial si no se revisa a fondo la política criminal provincial. “Las cárceles siempre se llenan. Si se sigue intentando resolver problemas sociales con mano dura y derecho penal, ninguna ampliación será suficiente”, sostuvo. El organismo adelantó que su informe anual sobre la situación carcelaria será publicado entre enero y febrero.
