La jueza Mariela Giménez rechazó seis planteos de nulidad y avanzó con la imputación en una causa que investiga una presunta estructura de desinformación financiada con fondos públicos.
El exdiputado nacional por Salta, Emiliano Estrada, fue imputado este jueves en el marco de una causa que investiga el presunto montaje de una estructura de desinformación en redes sociales financiada con recursos públicos.
La imputación fue dispuesta por la jueza de Garantías 2, Mariela Giménez, quien rechazó seis planteos de nulidad presentados por la defensa. Estrada quedó imputado por dos hechos de abuso de autoridad que concurren realmente entre sí, en concurso ideal con dos hechos de peculado de servicios, en relación con su desempeño como diputado nacional (mandato cumplido).
Según la acusación, los hechos se habrían cometido mediante el uso de recursos públicos pertenecientes al Congreso de la Nación con fines ajenos a aquellos para los que estaban legalmente asignados.
La causa investiga el funcionamiento de una presunta campaña sistemática de desinformación en redes sociales, a través de la difusión de contenidos falsos o manipulados destinados a desacreditar a dirigentes políticos, empresarios y periodistas de la provincia. De acuerdo con la hipótesis fiscal, estas acciones no habrían sido aisladas, sino parte de una estrategia organizada.
La investigación se desarrolla desde hace varios meses y, según consta en el expediente, estuvo marcada por distintas instancias de dilación vinculadas al uso de fueros parlamentarios, que el exlegislador mantuvo hasta el mes pasado. Una vez finalizado su mandato, se concretó la audiencia de imputación.
El Ministerio Público sostiene que se habría producido un uso indebido de la función pública y de servicios estatales o asimilables con fines personales o políticos.
La imputación no implica una condena y Estrada mantiene el principio de inocencia mientras avanza el proceso judicial. No obstante, el caso genera un fuerte impacto político e institucional en Salta, al involucrar a un exfuncionario nacional en una causa que combina presuntos delitos contra la administración pública con prácticas de desinformación digital.
