El territorio, creado en 1900 y disuelto en 1943, desapareció por decreto de un gobierno de facto. Especialistas advierten que, si bien tuvo validez práctica, su constitucionalidad sigue siendo cuestionada.
La disolución del Territorio Nacional de los Andes en 1943 continúa generando interrogantes históricos y jurídicos en Argentina. La medida fue adoptada durante un gobierno de facto, en el marco de la llamada Revolución del 43, lo que abre el debate sobre su legalidad y legitimidad constitucional.
El territorio, creado en 1900, abarcaba amplias zonas de la Puna que hoy pertenecen a las provincias de Salta, Jujuy y Catamarca. Su eliminación se concretó mediante un decreto, en un contexto donde el Congreso Nacional se encontraba disuelto, lo que impidió el tratamiento legislativo correspondiente.
Desde el punto de vista formal, la decisión tuvo validez en su momento, ya que los gobiernos de facto en Argentina ejercían tanto funciones ejecutivas como legislativas. Esta práctica fue respaldada posteriormente por la doctrina jurídica que reconoce los actos de este tipo de administraciones para garantizar la continuidad del Estado.
Sin embargo, desde una mirada estrictamente constitucional, la medida es considerada cuestionable. La Constitución Nacional establece que la organización territorial del país debe ser definida por el Congreso, un requisito que no se cumplió en este caso.
A pesar de ello, la disolución nunca fue revertida por gobiernos democráticos posteriores, lo que consolidó su vigencia en el tiempo. Este tipo de decisiones forma parte de un conjunto de medidas adoptadas durante períodos de facto que, con el paso de los años, fueron aceptadas de manera implícita dentro del orden jurídico argentino.
La Unión de los Andes
