Un fiscal acusó a dos sujetos de 31 y 74 años por tres hechos de estafas vinculadas a la venta de vehículos adulterados. En todos los casos, las víctimas descubrieron la falsedad de la documentación tras concretar millonarios pagos.
El fiscal penal de General Güemes, Gustavo Vilar Rey, imputó a dos hombres de 31 y 74 años por la presunta comisión de delitos de estafa y falsificación de documentos públicos en tres hechos distintos. Ambos habrían actuado en coordinación para realizar maniobras fraudulentas mediante la venta de vehículos con documentación adulterada.
🚗 Primer hecho: un Stepway y papeles truchos
El primer caso ocurrió el 14 de agosto, cuando un hombre denunció que su esposa había contactado vía Facebook al acusado de 31 años, quien ofrecía un Renault Stepway por 13 millones de pesos.
La mujer concretó el pago —una transferencia de 1 millón y otros 13 millones en efectivo—, pero al intentar formalizar la transferencia en el Registro del Automotor, descubrieron que toda la documentación era falsa.
🚗 Segundo hecho: un Sandero y un vendedor fugado
En el segundo episodio, otro comprador adquirió un Renault Sandero al acusado de 74 años por 10 millones de pesos.
Al revisar los papeles, advirtió que los números de motor y chasis no coincidían.
Tras devolver el auto y pedir el reintegro, se enteró de que el vehículo había sido secuestrado por la Brigada de Investigaciones, y que el acusado había desaparecido.
🚗 Tercer hecho: vehículo con pedido de secuestro
Una tercera víctima denunció que también adquirió un auto al acusado de 31 años, entregando otro vehículo como parte de pago y dejando un saldo de 3,5 millones.
Al verificar la documentación —título, cédula, verificación policial y seguro— constató que todo era falso. Luego se supo que el vehículo tenía pedido de secuestro vigente.
🔍 Investigación y medidas
A partir de las denuncias, el fiscal Vilar Rey solicitó allanamientos, el secuestro de los vehículos involucrados y la detención de los dos imputados. La investigación señala que ambos utilizaban redes sociales y contactos directos para captar compradores.
En algunos casos, las víctimas incluso debieron solicitar préstamos bancarios para completar los pagos, generando deudas y un grave perjuicio económico.
Durante la audiencia de imputación, los acusados se abstuvieron de declarar, mientras que el fiscal solicitó que ambos permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.
