Salta – En una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, informó sobre la situación ambiental en torno al pozo Lomas de Olmedo, ubicado en la zona de Puesto Guardián. El funcionario aseguró que la Provincia trabaja para garantizar la seguridad de la población y exigir responsabilidades a las empresas que intervinieron en el área.
“La idea de juntarnos hoy es llevar certeza y tranquilidad a los salteños, y sobre todo a las comunidades aledañas”, señaló el ministro.
Un pozo perforado y sin abandono adecuado
El pozo fue perforado por YPF en 1983 y nunca se aplicó el correspondiente proceso de abandono. Aunque actualmente se encuentra inactivo, la zona es operada por la firma President Petroleum. De los Ríos explicó que se trata de uno de los tantos pozos perforados en la cuenca hidrocarburífera que no fueron cerrados como exige la normativa vigente.
“Solo esta gestión asumió la tarea de identificar y exigir el cierre definitivo de estos pozos”, remarcó.
Emergencia ambiental desde 2023
La situación se agravó en agosto de 2023, cuando se detectó una surgencia de líquidos. Posteriormente, hace diez días, se registró una nueva emanación, esta vez de gases. Análisis técnicos determinaron que la mezcla contenía 95% dióxido de carbono y 5% metano.
El ministro aclaró que no existe riesgo para personas ni animales, siempre que se cumpla con el perímetro de seguridad establecido de 100 metros, y recordó que la comunidad más cercana, La Estrella, se encuentra a 15 kilómetros del pozo.
Proceso complejo y costoso
De los Ríos explicó que el procedimiento técnico para neutralizar el pozo podría requerir la perforación de un pozo de alivio, además de una inversión superior a 16 millones de dólares y equipamiento que no está disponible en la región.
“El abandono se va a hacer, porque es lo correcto”, aseguró el funcionario.
Disputa por la responsabilidad legal
El gobierno provincial exige responsabilidades a toda la cadena de empresas que operaron en la zona, pero President Petroleum alega no ser concesionaria del pozo. Por su parte, YPF reconoció haber intervenido en el pasado.
“Para la Provincia, todos los que participaron desde la perforación hasta hoy son solidariamente responsables”, sostuvo De los Ríos.
Además, se refirió a las imágenes de animales muertos que circularon en redes sociales, asegurando que no son actuales y que no existen registros oficiales que respalden la denuncia de 300 animales fallecidos, cifra que consideró “exagerada”.
Acciones legales en curso
La Provincia ya inició acciones judiciales contra las empresas involucradas, convocando tanto a los operadores actuales como a los históricos, y ha incorporado también al Estado nacional en el expediente.
Las actuaciones judiciales están siendo encabezadas por la Procuración General de la Provincia, en el plano ambiental, y por la Fiscalía de Estado, en lo patrimonial.
“El objetivo es claro: prevenir, remediar y luego reparar”, concluyó el ministro.
