El Gobierno nacional denunció ante la Justicia un supuesto operativo de inteligencia ilegal tras la difusión de audios atribuidos al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis), Diego Spagnuolo, que involucran a funcionarios de primera línea. Según fuentes oficiales, la maniobra tuvo como objetivo “desestabilizar al país en plena campaña electoral”.
La presentación judicial recayó en el Juzgado Federal Nº 12, a cargo del juez Julián Ercolini. Paralelamente, el Ejecutivo obtuvo una cautelar que impide la reproducción pública de los audios que mencionan a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, fue el encargado de confirmar la denuncia: “No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, expresó a través de sus redes sociales.
Previo a la presentación, el asesor presidencial Santiago Caputo recibió en su despacho al procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, quien formalizó la denuncia. Según la versión oficial, la maniobra incluyó “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados” de Milei y otros funcionarios.
Entre los señalados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. La Justicia ya ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.
“Esto no fue una filtración casual, sino un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina: el proceso electoral”, remarcaron desde Balcarce 50.
En un comunicado oficial, la Presidencia advirtió que las grabaciones “podrían haberse realizado incluso en la propia Casa Rosada”, lo que calificaron como “una amenaza inédita a la seguridad institucional y a la investidura presidencial”.
La denuncia se fundamenta en la Ley de Inteligencia Nacional, que prohíbe expresamente la realización de espionaje político o la manipulación clandestina de la opinión pública. En ese marco, el Gobierno solicitó medidas cautelares urgentes para impedir nuevas publicaciones.
