A pocos días de que el Gobierno nacional reglamente el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), que busca impulsar sectores clave como la minería, hidrocarburos, tecnología y otros, se dieron a conocer los montos que el Estado argentino dejó de percibir en 2023 debido a los beneficios fiscales otorgados a las empresas mineras.
Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Estado dejó de percibir $28.900 millones en beneficios otorgados a empresas mineras bajo la Ley de Inversiones Mineras de 1993, una norma que otorga estabilidad tributaria por 30 años a quienes explotan los minerales en el país. Este monto es 11 veces superior al presupuesto destinado al Instituto Nacional del Cáncer, generando preocupación por las prioridades fiscales del país.
Entre las ventajas impositivas que disfrutan estas empresas se encuentran la deducción de Ganancias, la devolución del IVA y la amortización acelerada. FARN destaca que 829 empresas mineras y 94 de servicios se benefician de esta normativa, aunque solo 42 de ellas gozan efectivamente de la estabilidad fiscal por estar en plena explotación del recurso natural.
Empresas como Minera del Altiplano y Sales de Jujuy, que extraen litio en Catamarca y Jujuy respectivamente, y que pertenecen a la empresa fusionada Arcadium Lithium con sede en Irlanda, figuran en la lista de beneficiarias. FARN también señala que Arcadium podrá adherirse al RIGI para sus proyectos de ampliación, lo que sumaría beneficios cambiarios y aduaneros a los impositivos ya otorgados por la ley minera.
Otras empresas mencionadas incluyen a Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold, Glencore, propietaria de Alumbrera y Agua Rica, y Minera Aguilar, de José Luis Manzano. Empresas como Eramine, que proyecta adherirse al RIGI para montar una segunda planta, podrían también recibir más incentivos bajo este nuevo régimen.
La FARN subraya que los $28.900 millones en beneficios fiscales a las mineras representan el 0,2% del PBI argentino y superan ampliamente los presupuestos de áreas críticas como salud, medio ambiente y energías renovables. Este informe plantea serios cuestionamientos sobre la política de incentivos a las grandes corporaciones extractivas en Argentina, y si realmente estas generan el desarrollo económico prometido.
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