La ministra de Educación, Cristina Fiore, confirmó la cesantía de más de un centenar de docentes que permanecieron en paro durante gran parte del ciclo lectivo 2023, sin respaldo gremial ni justificación válida. La medida fue adoptada tras un extenso proceso administrativo que incluyó instancias de defensa y revisión caso por caso.
“Aplicamos la ley. Tuvieron un año entero para ejercer su derecho a defensa y no pudieron acreditar que cumplieron con sus obligaciones”, señaló la ministra en declaraciones a Hora de Voces.
El conflicto se originó durante el inicio de clases del año pasado, cuando un sector de la docencia autoconvocada inició un paro que se extendió por varias semanas. Si bien una asamblea resolvió el retorno a las aulas, alrededor de 130 docentes decidieron continuar con la medida de fuerza, sin el respaldo de ningún gremio formalmente reconocido.
Según explicó Fiore, la ley contempla la cesantía para trabajadores con más de diez inasistencias injustificadas. En este caso, las faltas registradas oscilaron entre los 100 y 153 días. “No puede considerarse huelga un paro sin ningún tipo de encuadre gremial. Así lo entendió también la Corte de Justicia de la provincia y la Secretaría de Trabajo”, enfatizó.
El procedimiento se inició con un informe del área de Personal y un dictamen de la Secretaría de Trabajo, que confirmaron la falta de aval sindical y el volumen de inasistencias. En 2023 se instruyeron los sumarios y, en 2024, otra área del Gobierno se encargó de revisar cada situación individual. De los 127 docentes sumariados, 11 lograron revertir la sanción tras presentar descargos válidos. Los restantes fueron cesanteados.
La ministra defendió la medida como un acto de justicia hacia el resto del personal docente. “Tenemos trabajadores que cruzan ríos o caminan horas para estar en el aula todos los días. No es justo que otros acumulen meses sin trabajar sin consecuencias”, expresó.
Consultada por el caso de una docente de Embarcación que atentó contra su vida tras conocer la medida, Fiore lamentó profundamente el hecho, pero sostuvo que el accionar del Gobierno se mantuvo en el marco legal. “Esta medida protege a los chicos que perdieron clases y a los docentes que sí cumplen”, aseguró.
Los docentes afectados aún pueden apelar la medida ante el fuero contencioso-administrativo. No obstante, desde el Ejecutivo provincial consideran agotada la instancia administrativa.
