El Jurado de Enjuiciamiento resolvió ayer, cerca de las 19 horas, la destitución de Claudio Alejandro Parisi como juez de Garantías 2 del distrito de Orán, además de imponerle una inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos. Esta decisión fue tomada de manera unánime tras un extenso proceso de debate que inició a las 9 de la mañana y culminó con la lectura del fallo.
Un fallo sustentado en cinco causas
El juicio político contra Parisi se centró en acusaciones de mal desempeño e incumplimiento de los deberes de su función, basadas en cinco casos específicos: Rebeca Pereyra, Beatriz Leniz, José Dimas Ruiz, Matías Chaile y César «Oreja» Martínez. Durante los alegatos, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, realizó una exposición detallada de las irregularidades detectadas en cada caso, apoyándose en materiales multimedia que resaltaron las falencias en las resoluciones del magistrado.
García Castiella subrayó que el proceso no era una «persecución» personal hacia Parisi, sino un análisis de su desempeño como juez. Al concluir su exposición, solicitó al jurado una resolución ejemplar que incluyera la remoción del cargo y una inhabilitación acorde.
Por su parte, el abogado defensor de Parisi, Guillermo Alberto, argumentó que las pruebas presentadas eran insuficientes para sostener las acusaciones y pidió la absolución de su cliente. Además, apeló a la «razonabilidad» del jurado al dictar su decisión.
Sin embargo, tras un cuarto intermedio y una hora de deliberaciones, el jurado presidido por Teresa Ovejero falló a favor de la destitución e inhabilitación del magistrado, aceptando los argumentos del Procurador General.
Un fallo histórico e inapelable
Este es el segundo caso en 21 años en que un juez es destituido en la provincia, siendo el primero José Águero Molina. La resolución tiene carácter de inapelable, y los fundamentos del fallo serán dados a conocer el 19 de diciembre.
En representación del Ministerio Público Fiscal participaron, además de García Castiella, los fiscales penales Pablo Rivero y Daniel Espilocín, junto con los secretarios letrados Aldo Saravia y Marcos Rubinovich, quienes respaldaron la acusación a lo largo del juicio político.
La decisión refuerza la necesidad de velar por un desempeño judicial íntegro y ético, marcando un precedente en la provincia de Salta.
