El Poder Judicial recibió casi dos tercios de todos los expedientes registrados durante 2025. Los conflictos por aumentos, deudas y alquileres sin contrato están entre los principales motivos.
En apenas siete meses de 2026, el Poder Judicial de Salta recibió 199 causas por desalojos, una cifra que representa casi el 67% de los expedientes registrados durante todo 2025, cuando se contabilizaron 297.
Del total ingresado hasta el 24 de julio, 160 expedientes corresponden al Centro de Salta y 39 al interior provincial. En 2024 habían ingresado 275 causas.
El crecimiento de los expedientes se produce mientras el Congreso debate un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que ya obtuvo media sanción en el Senado y propone acelerar los procesos de desalojo mediante un procedimiento sumarísimo.
Juicios que podrían durar menos
Actualmente, un proceso ordinario de desalojo puede extenderse entre 18 y 24 meses, según explicó Alberto Córdoba, director general de Defensa del Consumidor y Atención al Inquilino de la Municipalidad de Salta.
La reforma propone que estos procesos pasen a un procedimiento sumarísimo, con una sola audiencia y una eventual ejecución en un plazo estimado de dos a seis meses.
Mientras tanto, desde la Municipalidad buscan evitar que los conflictos lleguen a los tribunales mediante audiencias de conciliación.
Durante 2026 ya se realizaron alrededor de 80 audiencias, con un promedio de 10 por semana. La proyección para todo el año es alcanzar entre 150 y 160, lo que significaría un incremento cercano al 40% respecto de 2025.
En 34 casos vinculados con desalojos analizados durante un período determinado, 26 terminaron con un acuerdo entre propietarios e inquilinos.
Alquileres informales y mayor vulnerabilidad
Los principales conflictos están relacionados con aumentos del alquiler, atrasos en los pagos, reparaciones y devolución de depósitos.
Uno de los mayores problemas es la falta de contratos formales. Según Córdoba, entre el 30% y el 40% de las denuncias corresponden a relaciones de alquiler sin contrato firmado.
La situación afecta especialmente a los sectores con menores ingresos. Entre ellos aparecen adultos mayores cuyos ingresos previsionales no alcanzan para afrontar los aumentos de los alquileres.
A fines de 2025, un estudio del Instituto Provincial de Vivienda también reflejó la magnitud del problema: entre el 60% y el 70% de las solicitudes de vivienda correspondían a personas que atravesaban situaciones habitacionales sin contrato formal, como viviendas prestadas por familiares o acuerdos de palabra.
Mientras crece la cantidad de expedientes, el debate legislativo nacional podría modificar sustancialmente los tiempos de los procesos de desalojo y generar un nuevo escenario tanto para propietarios como para inquilinos.
