Prestadores privados advierten que la falta de pagos desde junio de 2025 pone en riesgo la continuidad del servicio y la atención de pacientes vulnerables
La Asociación de Centros Privados de Diálisis de Salta declaró el estado de alerta sanitaria ante la crítica situación financiera que atraviesan los prestadores privados, producto de una deuda acumulada por parte del Estado provincial.
El tesorero de la entidad, Roberto Turco, explicó que la crisis tiene como eje central la falta de pago por parte del Ministerio de Salud Pública de Salta a los centros que atienden a pacientes sin cobertura.
“Estamos a mediados de marzo de 2026 y la provincia no nos paga los tratamientos desde junio del 2025. Eso hace que sea imposible la continuidad del servicio”, advirtió.
Según detallaron, los centros privados asisten a pacientes carenciados y beneficiarios de programas como Incluir Salud, que dependen exclusivamente del sistema público para acceder a tratamientos de diálisis. En toda la provincia, se estima que hay alrededor de 125 personas en esta situación.
Cierres y reducción de servicios
El impacto de la crisis ya comenzó a sentirse. Un centro de diálisis en General Güemes cerró sus puertas al no poder sostener los costos operativos.
“Era imposible continuar con la prestación, porque no podía solventar ni siquiera la compra de insumos”, señaló Turco.
Además, confirmó que al menos dos centros en la ciudad de Salta dejarán de atender a pacientes con cobertura estatal desde el 1 de abril. Esto afectará a unas 32 personas, que deberán ser derivadas al Hospital Arturo Oñativia.
“Los centros lo que hacen es cortar el servicio y derivar a los pacientes, porque no pueden sostener financieramente una deuda de nueve meses. Ya no hay más financiamiento posible”, sostuvo.
Desde la entidad indicaron que se agotaron todas las alternativas para sostener la atención, incluyendo créditos bancarios, planes de pago impositivos y el uso de recursos propios.
Riesgo sanitario
La situación no solo es económica. Desde CEPRIDIASA alertaron que la interrupción de los tratamientos implica un riesgo directo para la vida de los pacientes con insuficiencia renal crónica.
La diálisis es un tratamiento esencial que reemplaza la función del riñón y debe realizarse, en la mayoría de los casos, tres veces por semana durante varias horas.
El escenario es aún más complejo en el interior de la provincia, donde se concentra más del 50% de los pacientes y existen menos alternativas dentro del sistema público. A esto se suman dificultades logísticas para garantizar traslados en zonas alejadas.
“No es solo sentarlo en un sillón. Hay que ir a buscarlo, trasladarlo, dializarlo y devolverlo a su domicilio. Hay lugares a más de 100 kilómetros, con caminos complicados y ríos crecidos”, explicó Turco.
Reclamo sin respuesta
La problemática ya fue expuesta ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, donde se presentó documentación sobre el impacto de la crisis. Sin embargo, hasta el momento no hubo respuestas concretas por parte de las autoridades.
Desde CEPRIDIASA advirtieron que, de no mediar una solución urgente, el sistema podría volverse inviable en toda la provincia.
“La urgencia es sanitaria. Después veremos cómo se paga la deuda, pero hoy el problema es qué hacemos con los pacientes”, concluyó Turco.
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