El interventor de Aguas Blancas advirtió sobre una crisis sin precedentes en la frontera norte. Apuntó contra el abandono de las rutas nacionales y la ineficacia del Plan Güemes.
La situación en el departamento San Martín y en la frontera norte de Salta alcanzó un nivel crítico, donde el deterioro de la infraestructura vial y la falta de controles federales configuran un escenario de extrema vulnerabilidad. Así lo denunció el interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigaran, quien aseguró que las rutas nacionales 34 y 50 se han convertido en “trampas mortales”.
Según detalló, el estado de las calzadas obliga a tours de compras y transportes de pasajeros a circular por las banquinas para esquivar profundos baches que ponen en riesgo la seguridad y dañan los vehículos. La situación se agrava, indicó, al considerar que los usuarios continúan pagando impuestos al combustible que, por ley, deberían destinarse al mantenimiento vial y obras públicas, pero que no se traducen en mejoras para la región.
En este contexto, Zigaran fue crítico con la implementación del Plan Güemes, al señalar que “se está diluyendo” entre discursos oficiales alejados de la realidad territorial. Cuestionó además la falta de articulación con autoridades locales, quienes enfrentan a diario las problemáticas en la frontera.
El interventor también alertó sobre un cambio en las modalidades del narcotráfico. Afirmó que, ante controles insuficientes, las organizaciones delictivas comenzaron a utilizar el sistema de encomiendas para trasladar droga, aprovechando la falta de tecnología en los pasos fronterizos. En ese sentido, reclamó la instalación urgente de escáneres para camiones que permitan mejorar la fiscalización sin entorpecer el tránsito comercial.
“Los controles son una joda”, lanzó Zigaran, al tiempo que vinculó la precariedad de las rutas con un territorio cada vez más expuesto al delito.
El deterioro de tramos clave como Pichanal, Embarcación, Aguas Blancas y el límite con Jujuy no solo afecta la seguridad vial, sino que impacta de lleno en la economía regional, encarece la producción y desalienta el turismo. En paralelo, vecinos de la zona se ven obligados a intervenir por cuenta propia para reparar sectores críticos y evitar accidentes fatales.
La situación expone un fuerte reclamo hacia el Estado nacional: mientras se mantienen los niveles de recaudación, la inversión en infraestructura y servicios básicos resulta insuficiente. Sin una reactivación concreta del Plan Güemes, con foco en obras y seguridad fronteriza, advierten que el norte salteño podría enfrentar un proceso de aislamiento estructural con consecuencias a largo plazo.
