En una sesión cargada de tensiones en el Congreso de la Nación, el diputado Carlos Zapata solicitó una cuestión de privilegio para responder a la resolución 457/24 del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Salta (UNSa). En ella, el Consejo declaró persona no grata a Zapata, junto con los legisladores Emilia Orozco, Julio Moreno y Yolanda Vega, debido a su oposición a la Ley de Financiamiento Universitario.
Durante su intervención, Zapata calificó la resolución de «contraria a la ley» y lanzó fuertes críticas contra la universidad y sus representantes. Además, afirmó que la medida refleja «una actitud nazi-fascista» orientada al «pensamiento único» y la exclusión de ideas disidentes.
Zapata expresó que la resolución refleja un «desconocimiento del espíritu universitario» que, según él, debería promover el pluralismo y el debate. Acusó a la UNSa de intentar aplicar medidas que van en contra de la libertad de pensamiento, y afirmó que «estas personas están bastante loquitas» por no comprender la esencia de la universidad tras la Reforma de 1918.
El legislador también mencionó, aunque sin pruebas, que se planteó la posibilidad de que se le retirara su título de grado, algo que no figura en la institucionalidad de la universidad.
- «El Consejo Superior busca imponer un pensamiento único, lo cual es una actitud nazi-fascista, similar a una ‘solución final’ para excluir a los que piensan distinto.»
- «Ignorar la ley es de ignorantes; no entenderla es de estúpidos; y conocerla pero violarla, es de delincuentes.»
- «Tal pensamiento negro indica que algo les arde a quienes llegaron tarde al reparto del cerebro.»
La resolución del Consejo Superior fue adoptada tras considerar que la postura de estos legisladores afecta gravemente la educación pública y gratuita. La medida fue respaldada por representantes estudiantiles, docentes y no docentes, quienes son elegidos democráticamente en la institución.
El discurso de Zapata generó reacciones divididas. Mientras algunos lo consideraron una defensa de la libertad de pensamiento, otros cuestionaron el tono de sus palabras, especialmente los insultos y referencias descalificativas hacia los integrantes del Consejo.
El diputado solicitó que la Comisión de Asuntos Constitucionales evalúe la resolución de la UNSa, argumentando que viola principios legales y constitucionales.
La polémica pone en foco la relación entre la política y las instituciones educativas, reabriendo debates sobre la autonomía universitaria y la libertad de pensamiento.