Especialistas alertan que entre octubre y diciembre el evento climático podría alcanzar una categoría muy fuerte. Sequías, incendios forestales, temperaturas extremas y daños en la producción agropecuaria figuran entre los principales riesgos.
Bolivia enfrenta un escenario de creciente preocupación ante la posible llegada de un fenómeno de El Niño de gran intensidad durante los próximos meses. Según las proyecciones, entre octubre y diciembre el evento climático podría alcanzar una categoría muy fuerte, con impacto en gran parte del territorio nacional.
Los primeros efectos ya comienzan a sentirse con sequías prolongadas, incendios forestales, temperaturas extremas y alteraciones en los patrones habituales de lluvia. Sin embargo, especialistas advierten que estas condiciones representan apenas el inicio de un panorama que podría agravarse considerablemente.
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, reconoció que el impacto del fenómeno podría ser «incalculable» y aseguró que el Gobierno trabaja en la elaboración de un plan de contingencia. No obstante, admitió que el país aún presenta importantes debilidades, como la falta de sistemas de alerta temprana, escasas reservas de agua y una coordinación insuficiente entre los distintos niveles del Estado.
La preocupación se sustenta también en la experiencia del fenómeno registrado entre 2015 y 2016, cuando alrededor de 300.000 personas de 121 municipios resultaron afectadas por las condiciones climáticas extremas.
Además de los efectos sobre la producción agrícola y ganadera, se prevén posibles daños en caminos, puentes, sistemas de riego, infraestructura urbana y redes de abastecimiento de agua, lo que podría generar una fuerte presión sobre las finanzas públicas en un contexto de restricciones económicas.
Frente a este panorama, distintos sectores consideran prioritario acelerar las medidas preventivas, entre ellas el almacenamiento de agua, la limpieza de drenajes, el fortalecimiento de las brigadas contra incendios, el apoyo a los pequeños productores y la gestión de cooperación internacional para afrontar una eventual emergencia.
Los especialistas coinciden en que la capacidad de respuesta durante las próximas semanas será determinante para reducir el impacto de un fenómeno que no solo representa un desafío climático, sino también una amenaza para la economía, la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país.
