El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, alertó sobre la desigualdad entre los ingresos de los gendarmes y el poder económico de las organizaciones narco, y reclamó inversión urgente en tecnología, personal y salarios para proteger la frontera.
El interventor municipal de Aguas Blancas lanzó una fuerte advertencia sobre la situación de seguridad en el norte salteño al señalar que los bajos salarios de las fuerzas federales representan un riesgo frente al avance del narcotráfico.
Según explicó Zigarán, un efectivo recién incorporado de la Gendarmería Nacional Argentina percibe alrededor de 800 mil pesos mensuales, una cifra que —sostuvo— resulta insignificante frente a los recursos millonarios que manejan las organizaciones criminales.
“El problema no es solo operativo: es estructural. La falta de sueldos dignos genera un terreno peligroso para la deserción o la corrupción”, afirmó el funcionario, quien además aseguró que “se están escapando toneladas de cocaína” por pasos fronterizos vulnerables.
Frontera caliente y recursos insuficientes
El interventor remarcó que localidades estratégicas como Salvador Mazza y la propia Aguas Blancas requieren mayor presencia estatal, equipamiento tecnológico y mejores condiciones laborales para el personal de seguridad.
Advirtió que, sin esas mejoras, los operativos y despliegues oficiales quedan limitados frente a una estructura criminal que opera con gran capacidad logística y económica.
Un problema regional
Zigarán también contextualizó la situación señalando que Bolivia produce unas 400 toneladas de cocaína al año, mientras que lo incautado representa apenas una fracción del total.
En ese marco, insistió en que la seguridad fronteriza no puede sostenerse únicamente con operativos temporales, sino con políticas de fondo que garanticen salarios competitivos, mayor personal y control efectivo en los departamentos de Orán y San Martín.
El funcionario concluyó que, sin una mejora real en las condiciones laborales de los efectivos, “la frontera seguirá siendo un colador”, con el riesgo permanente de que el poder del narcotráfico supere la capacidad de control del Estado.
