El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enfrenta una situación crítica ante el plan de ajuste impulsado por el Gobierno Nacional, que contempla el despido de hasta 1.500 trabajadores en todo el país, entre técnicos, profesionales y becarios. Así lo advirtió Matías García Rodríguez, director de la Estación Experimental de Cultivos Tropicales del INTA en Yuto, con actuación en Salta y Jujuy.
En declaraciones a medios locales, García Rodríguez alertó que el recorte de personal compromete la continuidad de programas estratégicos, especialmente aquellos vinculados a jóvenes investigadores en formación, fundamentales para sostener el trabajo territorial que desarrolla el instituto.
Un recorte sin diálogo
El directivo remarcó que el INTA es uno de los pocos organismos con presencia federal real, con más de 350 oficinas en todo el país. Su labor en conjunto con productores, municipios, universidades y comunidades indígenas permitió generar soluciones adaptadas a las necesidades locales.
“En regiones complejas como la Puna o los Valles de Jujuy, el INTA es muchas veces el único soporte técnico del que disponen los productores”, subrayó.
García Rodríguez también cuestionó la falta de diálogo: “La única medida concreta fue la reducción de personal, sin debatir el modelo de desarrollo que necesita el país ni el rol que debería cumplir el organismo”.
Riesgos para la soberanía alimentaria
El impacto del ajuste generó preocupación en sindicatos, organizaciones agropecuarias y legisladores, que advierten que el debilitamiento del INTA no solo afecta la producción agropecuaria, sino que pone en riesgo la soberanía alimentaria y la equidad territorial.
“Lo que más preocupa hoy es que se cierre la posibilidad de seguir trabajando en el desarrollo local. Nuestro objetivo siempre ha sido mejorar cada territorio en el que actuamos. Este recorte puede interrumpir procesos que llevan décadas de construcción”, concluyó García Rodríguez.
