El fiscal federal Gerardo Pollicita intimó al exjefe de Gabinete a explicar en 15 días las inconsistencias detectadas entre sus ingresos y gastos. La investigación analiza operaciones inmobiliarias, dólares en efectivo, criptomonedas y otros movimientos patrimoniales.
El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá brindar explicaciones ante la Justicia federal por las inconsistencias detectadas en la evolución de su patrimonio durante su paso por el Gobierno.
El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó este lunes un requerimiento de justificación patrimonial y le otorgó un plazo de 15 días para responder. La medida se basa en un informe elaborado por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que analizó los ingresos y egresos de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Una diferencia de más de $43 millones
Según el análisis incorporado al expediente, entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, el grupo familiar habría registrado ingresos por $229.752.283,20.
En el mismo período, los gastos relevados por la investigación —entre ellos seguros, expensas, impuestos, viajes y consumos con tarjetas— alcanzaron los $272.820.832,20.
La diferencia supera los $43 millones, una brecha que la fiscalía busca que el exfuncionario explique y respalde con documentación.
El requerimiento contempla unos 20 puntos de interés y se extiende a distintas operaciones y bienes incorporados a la investigación.
La casa en Indio Cuá y los dólares
Uno de los principales puntos bajo análisis es la propiedad que Adorni posee en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.
La investigación incorporó el testimonio del contratista Matías Tabar, quien declaró haber recibido US$245.000 en efectivo por las refacciones realizadas en la vivienda. Posteriormente, presentó documentación vinculada con los trabajos y los gastos de la obra.
La Justicia también analiza la adquisición de otros bienes, la tenencia de dólares declarada por Adorni y operaciones vinculadas con activos virtuales, entre ellas una supuesta inversión de alrededor de US$200.000 en Bitcoin.
Además, el fiscal busca determinar el origen y la existencia efectiva de préstamos privados o “mutuos” con familiares que habrían sido utilizados para explicar parte del crecimiento patrimonial.
Una causa que comenzó con una denuncia
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, a la que posteriormente se sumaron otros legisladores.
La Justicia también puso bajo análisis las distintas rectificaciones realizadas por Adorni en sus declaraciones juradas patrimoniales y determinadas operaciones vinculadas con sus bienes.
En paralelo, existe otra línea de investigación relacionada con un viaje privado a Punta del Este, durante el feriado de Carnaval, para establecer quién habría financiado el traslado y si existió algún vínculo con empresarios que mantienen contratos con el Estado.
Ahora, con el plazo de 15 días en marcha, la Justicia deberá evaluar las explicaciones y documentación que presente Adorni. Si las respuestas no resultan suficientes, la causa podría avanzar hacia una eventual declaración indagatoria.
La investigación continúa y, hasta el momento, no existe una condena contra Adorni por estos hechos.
