La jueza Fabiana Beky, a un año de asumir en el Tribunal de Faltas, anunció el inicio de una subasta pública para descongestionar los galpones municipales. También avanzan en la digitalización del sistema.
La jueza del Tribunal de Faltas y Contravenciones de Tartagal, Fabiana Beky, anunció el inicio de una subasta pública de vehículos retenidos y abandonados en los depósitos municipales. La medida busca dar solución a un problema estructural que se arrastra desde hace años y aliviar el gasto que representa el mantenimiento de estos espacios para el municipio.
En declaraciones a VideoTar, Beky explicó que, al asumir hace un año, se encontró con depósitos saturados, un tribunal desordenado y cientos de actas sin resolver. Si bien lograron restituir más de 100 motos a sus propietarios, el espacio volvió a colapsar.
“Se publicará un edicto con el listado de vehículos no reclamados. Los que estén en condiciones serán rematados, otros serán destinados al uso oficial y, si están en mal estado, se procederá a su destrucción”, detalló.
Un gasto que no puede sostenerse
Beky remarcó que el mantenimiento de los depósitos implica un gasto constante para el municipio, incluyendo el alquiler de galpones y personal exclusivo para la custodia de los vehículos. “Este gasto no puede mantenerse indefinidamente si no se toman decisiones administrativas claras”, subrayó.
En su primer año de gestión, el Tribunal pasó de recibir cuatro actas por semana a procesar hasta diez por día, provenientes de áreas como Tránsito, Bromatología, Transporte y Control y Fiscalización.
Entre las infracciones más comunes, la jueza mencionó problemas en las condiciones higiénicas de locales gastronómicos, habilitaciones vencidas y ocupación indebida del espacio público. “Más del 50% de los comercios de Tartagal no están habilitados correctamente. Eso también forma parte del orden que buscamos imponer”, aseguró.
Modernización y legitimidad
Respecto a su nombramiento, Beky recordó que fue aprobado por el Concejo Deliberante tras un concurso público y conforme a la Carta Orgánica, pese a la impugnación de su antecesora. “La Justicia no hizo lugar a esa presentación. Mi designación fue completamente legítima”, afirmó.
Además, anticipó una segunda medida clave en su gestión: la digitalización de los trámites y notificaciones del tribunal. En conjunto con el Banco Macro, trabajan en un sistema que permitirá a los vecinos recibir notificaciones y pagar multas de manera virtual, sin necesidad de acercarse presencialmente al edificio.
