Tras diez semanas de audiencias, el Tribunal de Juicio Sala VII dictó duras condenas contra 16 personas —ocho de ellas funcionarios del Servicio Penitenciario— por integrar una organización narcocriminal que operaba desde el interior de la Unidad Carcelaria 1 de Villa Las Rosa.
Las penas impuestas van desde un año en suspenso hasta diez años y seis meses de prisión efectiva. Los jueces Federico Diez, Paola Marocco y Javier Araníbar consideraron acreditada la existencia de una estructura delictiva jerarquizada, dedicada a la comercialización de estupefacientes dentro del penal y a la comisión de exacciones ilegales, mediante amenazas y extorsiones a internos.
La investigación, encabezada por el procurador general Pedro García Castiella junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto, reveló un entramado sostenido entre agentes penitenciarios, internos y familiares. Durante el juicio se presentaron pruebas que confirmaron la connivencia entre estos actores para el ingreso y la venta de drogas, así como el cobro de favores y beneficios ilegales.
En su alegato final, García Castiella destacó la “gravedad institucional” del caso y advirtió que la corrupción dentro del Servicio Penitenciario vulneró los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Señaló además que algunos funcionarios decidían arbitrariamente quién recibía beneficios y quién era víctima de abusos, desnaturalizando por completo la función estatal.
Entre los funcionarios, las penas más altas fueron para Francisco Bisceglia (10 años y 6 meses) y Sergio Moya (10 años), condenados por comercialización agravada de estupefacientes, exacciones ilegales y asociación ilícita. El resto de los agentes recibió condenas de entre 4 años y medio y 8 años de prisión efectiva.
Entre los internos y allegados, el condenado con mayor pena fue Manuel Méndez, con una sentencia unificada de 19 años y 6 meses. También su hermana, María Inés Méndez, recibió 9 años. Dos acusados, Josué Joel Valencia y Silvana Valeria Avendaño, fueron sobreseídos.
Desde la Fiscalía se insistió en reforzar los mecanismos de control institucional para prevenir nuevos hechos de corrupción y garantizar el respeto a los derechos de las personas detenidas.
