El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2, a cargo de la jueza Martina Forns, suspendió por un plazo de seis meses el decreto presidencial que ordenaba el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La medida responde a una presentación del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA), uno de los gremios que representa a los más de cinco mil trabajadores del organismo.
La resolución judicial hizo lugar a una medida cautelar contra el Decreto 461/2025, que preveía la disolución de la DNV y el traspaso de sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. En los fundamentos, la jueza Forns señaló que la Ley Bases (Nº 27.742) no otorgó facultades delegadas al Poder Ejecutivo para cerrar organismos autárquicos creados por ley, como es el caso de Vialidad, cuya existencia se remonta a más de 93 años.
El fallo también advierte sobre los posibles efectos negativos que acarrearía la aplicación del decreto, como “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales”, lo cual pondría en riesgo el funcionamiento técnico y autónomo del organismo. Asimismo, la jueza observó que el artículo 32 del decreto comprometía la estabilidad del personal, al supeditarla a decisiones administrativas futuras, lo que vulnera convenios colectivos de trabajo y normas de jerarquía constitucional.
La medida representa un freno judicial al plan de reestructuración del Gobierno nacional en materia de obra pública, al menos de manera temporal.
