La Cámara de Acusación de Córdoba ordenó el aislamiento de Gabriela Nahir Fernández, una interna del penal de Bouwer, para evitar cualquier contacto con otras personas. La medida se tomó tras una serie de denuncias y preocupaciones sobre su conducta, incluyendo una acusación de violación que resultó en el embarazo de otra interna. El fallo judicial destacó que “usó su identidad para ejercer una especie de dominio” sobre sus compañeras de pabellón.
Fernández, quien originalmente fue condenada en 2016 bajo su identidad masculina por lesiones leves calificadas y privación de la libertad, cambió de género mientras cumplía su pena y fue trasladada a un pabellón femenino en 2018. Luego de obtener un nuevo DNI con su identidad femenina, fue liberada en forma condicional, pero volvió a prisión en 2019 tras ser denunciada nuevamente por su pareja de ese momento. Las denuncias se realizaron utilizando el nombre masculino previo al cambio de género, lo que llamó la atención de los investigadores.
El fallo judicial del 31 de octubre subrayó que las acciones de Fernández en el penal generaron un ambiente de intimidación y violencia. “Para garantizar los derechos de la aquí imputada, se han puesto en riesgo los de 481 internas”, afirmaron los jueces. La decisión también reflejó que Fernández, en lugar de integrarse a las normas del penal, aprovechó la falta de protocolos específicos para ejercer control y manipulación, imponiendo “viejos códigos carcelarios” y utilizando su identidad de género para intimidar a otras reclusas.
El historial de Fernández incluye numerosas sanciones disciplinarias y reportes de agresiones y amenazas, lo que llevó a las autoridades a concluir que su presencia generaba un riesgo constante para la convivencia en el pabellón. Este caso evidencia la complejidad de las dinámicas penitenciarias en situaciones que no cuentan con protocolos claros para casos de identidad de género.
Finalmente, la Justicia decidió trasladar a Fernández a una celda aislada, sin posibilidad de compartir espacio con hombres o mujeres. También se autorizó al Servicio Penitenciario de Córdoba a moverla a otro establecimiento debido a las numerosas sanciones disciplinarias acumuladas. La medida busca resguardar la seguridad de las internas y mantener el orden en el penal.
