El Concejo Deliberante de Hipólito Yrigoyen rechazó la Cuenta General del Ejercicio Fiscal 2024 presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) y denunció presuntas irregularidades ante la Auditoría General de la Provincia de Salta. El cuerpo legislativo argumentó que se detectaron gastos no autorizados, inconsistencias presupuestarias y falta de información clave sobre el manejo de los recursos públicos.
La resolución fue aprobada el pasado 19 de junio y acompañada por un expediente en el que se detallan las anomalías detectadas, junto con la documentación que respalda los pedidos de informes y las comunicaciones oficiales que el Concejo mantuvo con el Ejecutivo.
La presidenta del Concejo, Mary Viviana Caro, formalizó una denuncia contra la intendenta María Soledad Cabrera y la secretaria de Hacienda, Narda Contreras, por presunta inobservancia del principio de legalidad y deficiencias en la gestión de los fondos municipales.
Irregularidades detectadas
Entre los principales cuestionamientos, se destacan la ejecución de gastos sin autorización del Concejo, en violación a la Ley Orgánica Municipal y a las normativas contables provinciales. Además, se advirtió que los montos ejecutados superan lo permitido presupuestariamente y que existen diferencias sustanciales entre los ingresos informados por el Ejecutivo y los datos oficiales de la provincia.
También se señaló que el estado del Tesoro municipal presentado no refleja la situación financiera real del municipio. Según el informe, se habrían realizado obras públicas sin cumplir con los procedimientos legales correspondientes y se habría aplicado de manera incorrecta la «reconducción automática» del presupuesto, a pesar de que no existía un presupuesto aprobado para el período.
Otra de las objeciones es que el Ejecutivo no presentó en tiempo y forma los presupuestos 2024 y 2025, y habría desoído reiterados pedidos de información por parte del cuerpo legislativo y de la ciudadanía.
Pedido de auditoría y denuncia formal
Ante este panorama, el Concejo solicitó la intervención urgente de la Auditoría General de la Provincia para que lleve adelante una auditoría financiera y legal del ejercicio 2024 y parte del 2025. En su presentación, pidió que se verifique el cumplimiento de las normas en la ejecución del gasto, el estado del Tesoro, el control del inventario de bienes, así como las contrataciones, órdenes de pago y convenios firmados.
Además, los ediles advirtieron sobre un posible abuso de poder por parte del Ejecutivo, al manejar unilateralmente las finanzas y excluir al cuerpo deliberativo de decisiones claves. Sostienen que esta situación no es nueva y que las maniobras cuestionadas se repiten desde el inicio de la actual gestión.
Finalmente, la resolución contempla la radicación formal de la denuncia, la constitución de domicilio legal en Salta capital para el seguimiento del caso, y una exhortación a la Auditoría para que actúe con celeridad y profundidad en la investigación.
