El proceso, que iniciará el 4 de agosto, tiene 20 imputados y prevé la declaración de 180 testigos. Investigan el ingreso de drogas y celulares al penal a cambio de sobornos.
El próximo 4 de agosto dará inicio un juicio de alto impacto en el que se investiga el funcionamiento de una supuesta organización narcocriminal dentro de la Unidad Carcelaria 1, integrada por funcionarios del Servicio Penitenciario, internos y familiares de reclusos.
En total, son 20 los imputados y se prevé la declaración de 180 testigos. El tribunal estará presidido por el juez Federico Diez, de la Sala VII del Tribunal de Juicio, junto a los jueces Paola Marocco y Javier Aranibar.
Por parte del Ministerio Público, actuará una Unidad Fiscal conformada por el procurador general Pedro García Castiella y los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
Cómo comenzó la causa
La investigación se inició en mayo del año pasado tras denuncias anónimas recibidas entre 2021 y 2023. Estas advertían sobre el presunto cobro de sobornos por parte de personal penitenciario a cambio de beneficios carcelarios, además del ingreso de celulares y drogas.
Entre los imputados figuran ocho agentes penitenciarios: Sergio Moya, Francisco Bisceglia, Rubén Guaymás, Luis Castaño, José Alarcón, Marcelo Olguín Magno, Raúl Arjona y Marcos Bucotich García. Se los acusa de exacciones ilegales agravadas, asociación ilícita y comercialización de estupefacientes agravada, en concurso real.
Los otros involucrados serán juzgados por comercialización de estupefacientes agravada –por la participación de más de tres personas y cometida en un lugar de detención– y asociación ilícita.
Modus operandi y pruebas
Según la acusación, los funcionarios penitenciarios habrían exigido dinero o dádivas a los internos para otorgarles beneficios como salidas transitorias, traslados a otros pabellones o mejores calificaciones de conducta. A su vez, permitían el ingreso de teléfonos celulares, comidas, bebidas y drogas.
Durante la investigación se analizaron más de 50 cuentas bancarias y se detectaron más de 1.000 transferencias que, presuntamente, fueron realizadas por familiares de los presos. Los pagos se concretaban de manera electrónica o en efectivo, a través de encuentros con los penitenciarios.
Además, se intervinieron 20 líneas telefónicas y se tomaron 90 declaraciones testimoniales que reforzaron la hipótesis del Ministerio Público.
Según la Fiscalía, la organización operaba con tres ejes principales: el ingreso y distribución de drogas dentro del penal, la gestión del dinero desde el exterior y el rol clave de los agentes penitenciarios, que garantizaban la continuidad delictiva con su complicidad o silencio.
El juicio genera gran expectativa no solo por el número de involucrados, sino porque expone el nivel de corrupción institucional y la penetración del narcotráfico en el sistema penitenciario.
