En el Salón de Grandes Juicios se desarrolla el debate oral en una causa que involucra a 20 personas —entre ellas, agentes del Servicio Penitenciario, internos y familiares— acusadas de integrar una organización narco-criminal que operaba desde la Unidad Carcelaria N°1 de Salta.
El juicio está a cargo de los jueces Federico Diez (presidente), Paola Marocco y Javier Araníbar, de la Sala VII del Tribunal de Juicio. Tras la lectura de la requisitoria fiscal y la declaración de seis imputados, comenzó la ronda de testigos, con medidas especiales de protección solicitadas por la Unidad Fiscal interviniente.
Entre quienes hicieron uso de su derecho a declarar, se encuentra un excabo del Servicio Penitenciario, quien reconoció haber recibido una transferencia de la madre de un interno, pero negó cualquier vínculo con la venta de drogas. También declararon dos mujeres imputadas, quienes aseguraron que los movimientos de dinero obedecían a ayuda familiar, sin saber que podrían estar relacionados con actividades delictivas.
Una de ellas explicó que realizaba transferencias para que su pareja, detenido, pudiera recibir comida y elementos de higiene. La otra, que compartía una cuenta bancaria con su hermano —también interno—, dijo haber recibido notificaciones de depósitos cuyo origen desconocía.
La causa se originó a partir de denuncias anónimas que apuntaban a un entramado de corrupción dentro del penal, con el cobro de sobornos por parte de agentes penitenciarios para permitir el ingreso de drogas y elementos prohibidos, así como la obtención de beneficios para determinados internos.
La Unidad Fiscal —integrada por el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt— solicitó medidas especiales de protección para los testigos considerados vulnerables. El tribunal hizo lugar al pedido, permitiendo la reserva de identidad y la declaración sin la presencia de los acusados, a pesar de la oposición de las defensas.
Los imputados enfrentan cargos por exacciones ilegales agravadas, comercialización de estupefacientes agravada y asociación ilícita, según el grado de participación de cada uno.
