El diputado nacional por La Libertad Avanza, Carlos Zapata, denunció este miércoles en la Cámara de Diputados que la Universidad Nacional de Salta (UNSa) se ha transformado en un «refugio ideológico» que persigue a legisladores por sus posiciones políticas. Además, alertó sobre lo que calificó como un “ataque coordinado” contra el equilibrio fiscal del país y presentó una cuestión de privilegio por presuntas presiones sufridas durante el tratamiento de la Ley Bases.
Durante su intervención en el recinto, Zapata apuntó directamente contra la conducción anterior de la UNSa, acusándola de utilizar la institución con fines partidarios y de declarar “personas no gratas” a legisladores egresados de esa casa de estudios por no votar de acuerdo a intereses ideológicos. “La UNSa debería ser neutral en lo político, ideológico y religioso, según su propio estatuto, pero lamentablemente no es así”, afirmó.
El legislador salteño consideró que estas acciones vulneran derechos constitucionales y las prerrogativas parlamentarias, por lo que pidió que se tomen medidas.
Críticas al rol de la oposición y defensa del equilibrio fiscal
En otro tramo de su discurso, Zapata denunció la existencia de un “ataque coordinado” desde sectores opositores a lo que definió como el eje central del plan económico del gobierno nacional: el equilibrio fiscal. En ese sentido, advirtió que iniciativas legislativas en materia de jubilaciones, salud, moratorias y otros temas, podrían afectar la sustentabilidad del sistema y agravar la situación económica.
“El déficit fiscal que arrastramos desde hace 100 años es la causa principal de la postergación de los más vulnerables. No podemos analizar cada proyecto de forma aislada, porque todos inciden en el equilibrio presupuestario”, sostuvo.
Cuestión de privilegio por presiones externas
Zapata también presentó una cuestión de privilegio al denunciar una campaña de hostigamiento sufrida durante el debate legislativo de la Ley Bases, que —según aseguró— fue impulsada por referentes del sector tabacalero.
En ese marco, afirmó que la Justicia desestimó las denuncias penales en su contra y confirmó que actuó dentro de sus facultades como legislador. Solicitó que la Comisión de Asuntos Constitucionales tome intervención para analizar su presentación, al tiempo que advirtió sobre la persistencia de presiones hacia diputados que expresan opiniones disidentes.
