La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, imputó de manera provisional a una mujer mayor de edad por el presunto incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, tras la denuncia presentada por su expareja.
El denunciante señaló que la madre de sus cuatro hijos menores, quienes se encuentran bajo su tenencia, no abonaba la cuota alimentaria y que además faltó a la audiencia de mediación prevista para agosto de 2024. Según su relato, los incumplimientos se remontan a mayo de 2022, cuando en una primera audiencia en el Centro de Mediación de Cafayate la acusada se había comprometido a realizar los depósitos a través de una cuenta judicial.
Entre la documentación aportada por el padre figura el certificado de discapacidad de uno de los menores, quien debe trasladarse periódicamente a la ciudad de Salta para recibir tratamientos médicos. El denunciante sostuvo que la madre se desentiende de sus responsabilidades parentales.
Durante la audiencia de imputación, la mujer se abstuvo de declarar, mientras que el proceso judicial continuará a la espera de las presentaciones que realice el defensor oficial de la acusada.
Más allá de lo estrictamente legal, el caso pone de relieve la importancia de garantizar el derecho de los niños a una vida digna, en especial en contextos donde se requieren mayores cuidados y recursos para cubrir necesidades básicas y tratamientos médicos. El cumplimiento de la cuota alimentaria no solo es una obligación legal, sino también un compromiso fundamental con el bienestar de la infancia.