Un escándalo político sacude a Salta tras las declaraciones de Florencia Bustamante, empleada del diputado nacional Emiliano Estrada, quien lo señaló como el responsable de una campaña de noticias falsas contra políticos, periodistas y empresarios.
En una declaración escrita presentada ante la Justicia salteña, Bustamante aseguró que Estrada, también ex ministro de Economía de la provincia, lideraba una estrategia de difusión de fake news y hostigamiento a través de redes sociales. Según la empleada, las órdenes llegaban mediante mensajes temporales en Telegram y consistían en crear cuentas falsas para difamar y atacar a figuras públicas locales.
Entre los afectados mencionó al gobernador Gustavo Sáenz, el concejal Guillermo Kripper, la diputada nacional Pamela Calletti, el ex ministro de Turismo Mario Peña, y al periodista Mario Peña (padre), entre otros. También destacó ataques dirigidos a portales informativos como Informate Salta.
Bustamante relató que tras ejecutar las órdenes, debía reenviar la información a Alonso Javier Allemand, otro de los imputados en la causa por intimidación pública. Agregó que cuando el caso tomó estado público, Estrada le envió a su abogado, quien le habría indicado borrar pruebas y «limpiar» sus dispositivos electrónicos para evitar que la Justicia los encontrara.
Además, entregó su teléfono celular para ser peritado, en un contexto donde ya se analizaron los dispositivos de los otros imputados.
Bustamante detalló la creación de cuentas específicas en TikTok y otras plataformas, como “La Casta de Sáenz” y “La Casta Salteña”, diseñadas para atacar a la administración provincial y su entorno. Estas cuentas habrían sido parte de la estrategia para desacreditar a la gestión local.
Repercusiones políticas
El testimonio de Bustamante, difundido por FM Aries, pone en el centro de la polémica a Emiliano Estrada, quien aún no ha emitido declaraciones públicas al respecto. El caso avanza en los tribunales salteños, mientras crece la expectativa por el impacto que pueda tener en el ámbito político de la provincia y en el Congreso de la Nación.
La causa por intimidación pública sigue en curso y las acusaciones generan tensiones en un clima político marcado por disputas y estrategias mediáticas.
